La Corte Penal Internacional volvió al centro del debate internacional tras la orden de arresto emitida contra el senador filipino Ronald dela Rosa, acusado de asesinato como crimen de lesa humanidad por su presunta participación en la guerra contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte.
La tensión aumentó en Manila luego de que agentes intentaran ejecutar la captura dentro del edificio del Senado, situación que derivó en disparos y un enfrentamiento sin personas heridas. La orden judicial acusa a dela Rosa de al menos 32 asesinatos ocurridos entre 2016 y 2018, periodo en el que encabezó la policía nacional filipina.
El caso reavivó el debate sobre el alcance de la Corte Penal Internacional, organismo creado en 2002 para investigar y juzgar crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Aunque Filipinas abandonó oficialmente el tribunal en 2019, los jueces determinaron que la salida del país no elimina la jurisdicción sobre delitos investigados previamente.
Duterte, quien fue detenido y trasladado a The Hague el año pasado, permanece bajo custodia en espera de juicio. Mientras tanto, dela Rosa anunció que agotará todos los recursos legales para evitar su arresto.
La Corte Penal Internacional cuenta con 125 países miembros, aunque potencias como Estados Unidos, Rusia y China no reconocen su autoridad. Tanto Washington como Moscú han cuestionado recientemente las acciones del tribunal y aplicado medidas contra funcionarios del organismo.
