Por Irina Díaz
En la última década, la comunidad LGBT+ en México ha ganado visibilidad y terreno legal: hoy existen leyes que garantizan sus derechos humanos y sancionan la discriminación. Aun así, en un país todavía marcado por la cultura machista, persisten retos urgentes como la violencia, los crímenes de odio y la falta de representación política.
Quien lo advierte es Onán Vásquez Chávez, presidente del consejo directivo de Vida Plena Puebla. No Dejarse es Incluirse A.C. Su organización ha documentado, entre 1996 y 2026, al menos 87 crímenes de odio en la entidad, rastreados a través de medios de comunicación. Los municipios con mayor incidencia son Puebla capital, Tehuacán, Atlixco e Izúcar de Matamoros.
En entrevista con Ventana Pública, Vásquez explica que la mayoría de los agresores son hombres jóvenes. Él mismo fue víctima en los años noventa, cuando varios sujetos lo golpearon con palos de escoba y bates de béisbol en calles del centro.
“Tenía 24 años cuando unos hombres bajaron de un coche con un bat y me pegaron atrás de las rodillas. Eran ataques cobardes; golpeaban y huían”, recuerda.
En 2026, ese tipo de agresiones físicas son poco comunes en la zona metropolitana, sin embargo, la situación cambia fuera de ella ya que en comunidades rurales la aceptación es menor y la violencia persiste, sobre todo contra mujeres trans, quienes enfrentan la mayor discriminación.
“No es lo mismo vivir en Puebla capital que en un pueblo alejado siendo parte de la diversidad sexual. Allá no pueden salir a la calle porque la comunidad sigue siendo agresiva”, apunta.
Frente a ese contraste, reconoce avances claros respecto a los años ochenta, pero la violencia, en cambio, no desapareció: se trasladó. Las redes sociales se han convertido en el principal espacio de agresión, donde insultos y amenazas se lanzan sin consecuencias.
“Cada publicación que hacemos recibe comentarios de odio. Nos desean la muerte de forma directa: ‘ojalá los maten’. Otros escriben que estamos enfermos o que somos violadores de niños. Incluso dicen: ‘si vivieran en Rusia ya los hubieran ahorcado’ o ‘ojalá Díaz Ordaz estuviera vivo’”, denuncia.
Ante ese escenario, Vida Plena Puebla ha articulado una lucha de más de dos décadas para combatir la desinformación, los prejuicios y los crímenes de odio:
2002: Primera marcha LGBT en Puebla
Surgió como un movimiento de resistencia contra abusos, extorsiones y razzias policiales. El detonante fueron las declaraciones del entonces alcalde Mario Marín Torres, quien prometió “limpiar el Zócalo de jotos”.
“Por eso salimos. Tuvimos que organizarnos para exigir respeto a la vida y frenar las agresiones policiacas, las razzias, las detenciones arbitrarias y la discriminación que era brutal en esos años”.
2006: Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH/Sida
Su creación respondió a los altos niveles de la epidemia y a la falta de atención adecuada. Desde entonces, la organización también combate el prejuicio de que solo los homosexuales adquieren el virus. Gracias a la presión social, se abrieron servicios de atención integral en los hospitales generales de Tehuacán, Zacatlán y Teziutlán.
2020: Matrimonio igualitario
El 3 de noviembre, el Congreso de Puebla reformó el Código Civil para legalizarlo, tras más de diez años de movilización de colectivos y activistas.
2021: Ley Agnes
Con ella se reconoció la identidad de género autopercibida en Puebla. El trámite administrativo permite modificar el acta de nacimiento sin exigir pruebas médicas, cirugías ni tratamientos.
Dicha reforma, por otro lado, dejó fuera a las infancias trans del Código Civil, un pendiente que sigue en la agenda.
2022: Prohibición de terapias de conversión
La ley penaliza estas prácticas, aún comunes en familias conservadoras.
“Padres que no respetan la identidad de sus hijos los internan. Muchos jóvenes se han suicidado tras pasar por eso. Ocurre como en un anexo para adicciones”, detalla Vásquez.
EL activista recordó que el país también avanzó: en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, un hito contra la homofobia. En 2010, Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en aprobar el matrimonio igualitario. Hacia 2014 comenzaron las leyes de identidad de género a nivel nacional, y en 2022 la Suprema Corte consolidó la legalidad del matrimonio igualitario en los 32 estados.
No obstante con todo y esos avances, quedan pendientes urgentes…
La comunidad LGBT+ exige educación sexual integral en las escuelas, acorde a la edad del alumnado, para erradicar la homofobia, bifobia y transfobia desde la raíz.
A la par, este año buscan una reunión con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ+ de la Fiscalía, para acceder a cifras oficiales sobre cuántos crímenes de odio siguen impunes y cuántos se han resuelto.
Finalmente el reclamo legislativo más inmediato es que el Congreso local acate la resolución de la Suprema Corte y apruebe el reconocimiento de las infancias trans.
“Es solo un trámite administrativo para cambiar género y nombre en el acta de nacimiento. No implica cirugías ni hormonización, que era el temor de grupos conservadores. El Congreso sigue en desacato. No tienen nada que discutir: los derechos humanos no se someten a consulta, se garantizan”, subraya.
Hoy, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género ENDISEG 2021 del INEGI, más de 5 millones de personas, el 5.1% de la población adulta, se autoidentifican como LGBT+ en México.
La homofobia dejó de ser un diagnóstico médico hace 29 años. Salió del manual de enfermedades, pero no de la calle, no de las redes, no de los expedientes sin resolver.
Por eso la lucha continúa. Para que el niño que hoy tiene miedo en un pueblo de la sierra pueda salir a la calle mañana. Para que ninguna mujer trans más sea una cifra sin justicia. Para que cambiar un acta no sea un acto de valentía, sino un trámite.
“Esto es solo un ejemplo del camino recorrido”, dice Vásquez. Y también es la promesa de que nadie más tenga que crecer pidiendo permiso para existir.
