En medio de una creciente presión política y legal, el funcionario Dámaso Castro solicitó licencia a su cargo luego de que autoridades del gobierno de Estados Unidos lo señalaran por supuestos vínculos con redes de narcotráfico. La decisión se da en un contexto de revisión institucional, mientras instancias locales evalúan el alcance de las acusaciones.
De acuerdo con información preliminar, la separación del puesto busca facilitar las investigaciones en curso y evitar interferencias en los procesos administrativos y judiciales. La Fiscalía estatal confirmó que mantiene abierta una carpeta para analizar tanto la situación legal como el desempeño del ahora exfuncionario frente a los señalamientos de presunta colaboración con el crimen organizado.
Aunque Castro no ha emitido un posicionamiento público detallado, fuentes cercanas indican que su equipo legal prepara una estrategia de defensa ante las acusaciones. En tanto, autoridades estatales subrayaron que se actuará conforme a derecho y con apego al debido proceso.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores políticos, donde se ha insistido en la necesidad de esclarecer los hechos con transparencia. La evolución de las indagatorias será clave para determinar responsabilidades y definir el rumbo legal del exservidor público.
