El gobierno de Israel anunció que prepara una demanda por difamación contra The New York Times y el columnista Nicholas Kristof, tras la publicación de un texto de opinión que recoge denuncias de presuntos abusos sexuales contra palestinos bajo custodia israelí.
La reacción fue encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el canciller Gideon Sa’ar, quienes instruyeron el inicio de acciones legales contra el diario estadounidense. Netanyahu acusó al medio y al periodista de difamar a soldados israelíes y de intentar establecer una comparación entre las fuerzas de Israel y Hamas. Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente en qué jurisdicción se presentaría la demanda ni si el proceso ya fue ingresado ante un tribunal.
El artículo de Kristof, publicado en la sección de Opinión, incluye testimonios de 14 hombres y mujeres palestinos que denunciaron agresiones sexuales, violaciones y otros abusos presuntamente cometidos por soldados, custodios, colonos o interrogadores israelíes. The New York Times defendió el trabajo periodístico y sostuvo que los relatos fueron revisados con testigos, familiares, abogados, investigaciones independientes y reportes de organizaciones de derechos humanos.
Israel rechazó las acusaciones y las calificó como falsas y difamatorias. El Servicio Penitenciario israelí también negó las denuncias. El caso ocurre en medio de un debate internacional sobre el trato a detenidos palestinos desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza. Organismos de derechos humanos y Naciones Unidas han documentado señalamientos de violencia sexual cometida por distintas partes del conflicto.
La controversia abrió otro frente entre el gobierno israelí y la prensa internacional. Expertos citados por medios estadounidenses y británicos señalaron que una demanda de este tipo enfrentaría obstáculos legales en Estados Unidos, donde la libertad de expresión cuenta con amplia protección, especialmente cuando se trata de críticas a gobiernos o asuntos de interés público.
Más allá del curso judicial, el caso ya colocó bajo escrutinio dos temas sensibles: la cobertura mediática de la guerra y las denuncias de abusos contra personas detenidas. La disputa también anticipa una batalla pública por la credibilidad de los testimonios, la responsabilidad de las autoridades y los límites entre opinión, investigación periodística y acusaciones de difamación.
