El jueves, un juez federal bloqueó temporalmente la movilización por parte del gobierno federal de la Guardia Nacional de California para proteger a los agentes de migración de los manifestantes en Los Ángeles. Dictaminó que el gobierno de Donald Trump había tomado ilegalmente el control de los soldados del estado y les ordenó que volvieran a recibir órdenes del gobernador Gavin Newsom.
En una sentencia de 36 páginas, el juez Charles Breyer, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, suspendió el control de Trump sobre unos 4000 soldados de la Guardia Nacional, cientos de los cuales ya están desplegados en las calles de Los Ángeles por orden suya. El juez dijo que el hecho de que el gobierno se apoderara de ellos violaba los procedimientos exigidos en un estatuto federal.
Las “acciones del presidente Trump fueron ilegales, tanto por exceder el ámbito de su autoridad estatutaria como por violar la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, escribió el juez Breyer. “Por tanto, debe devolver inmediatamente el control de la Guardia Nacional de California al gobernador del estado de California”.
La directiva habría entrado en vigor el viernes al mediodía, hora del Pacífico. Pero el gobierno de Trump notificó inmediatamente que iba a interponer una apelación contra la decisión del juez Breyer. El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos acordó suspender la sentencia mientras revisa el caso, bloqueando temporalmente su entrada en vigor.
La sentencia, que acusaba a Trump de sentar un “peligroso precedente para futuras actividades militares nacionales”, fue la última de una serie de reprimendas judiciales a las expansivas pretensiones de Trump de disponer de poderes de emergencia o de tiempos de guerra en asuntos que van desde la deportación de personas sin el debido proceso hasta la imposición unilateral de aranceles generalizados. Las sentencias judiciales que bloquean sus acciones por considerarlas probablemente ilegales han enfurecido a la Casa Blanca.
La sentencia del juez Breyer sobre la Guardia Nacional fue más allá de lo que California había pedido. Aunque la demanda del estado sostenía que la movilización de la Guardia Nacional por parte de Trump era ilegal, su petición específica era una orden de restricción temporal que limitara a las fuerzas militares bajo control federal a vigilar los edificios federales de la ciudad y a ninguna otra tarea de aplicación de la ley.
El juez Breyer impidió a Trump utilizar en absoluto a la Guardia Nacional de California. Pero también rechazó una petición del estado y del gobernador Newsom de restringir un grupo distinto de infantes de marina en servicio activo, que el gobierno federal también ha movilizado para contrarrestar a los manifestantes.
Pete Hegseth, secretario de Defensa, movilizó a 700 infantes de marina de una base de California para que participaran en la represión de las protestas, y el estado quería que el juez les impidiera acompañar a los agentes de migración en las redadas en los lugares de trabajo que desencadenaron las protestas. Pero hasta ahora los soldados en servicio activo se han limitado a concentrarse en un condado vecino y no han entrado en la ciudad.
El juez Breyer dijo que sería inapropiado dictar una orden que restringiera las acciones de los infantes de marina cuando no han hecho nada que pudiera violar la Ley Posse Comitatus, que generalmente declara ilegal el uso de soldados federales para hacer cumplir la ley en territorio nacional. Dijo que el estado tendría que volver en el plazo de una semana para intentar convertir su orden temporal en un mandato judicial más duradero, dando tiempo a que se desarrollen los acontecimientos.
“Por ahora, la corte solo dispone de las especulaciones del abogado sobre lo que podría ocurrir”, escribió el juez.
De pie frente a la bandera de California en una rueda de prensa en el vestíbulo de un tribunal estatal tras la sentencia, Newsom expresó su alegría por la decisión.
“Hoy se trataba realmente de una prueba de democracia”, dijo. “Hemos superado la prueba”.
Newsom dijo que daría instrucciones a los miembros de la Guardia Nacional para que reanudaran las funciones que desempeñaban antes de ser reorientados por Trump, que incluían el control fronterizo y la gestión forestal para reducir el riesgo de incendios forestales.
“Volverán a estar bajo mi mando”, dijo, “y Donald Trump será relevado de su mando, mañana al mediodía”.
Las oficinas de prensa de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Para complicar las cosas, el juez emitió su directiva al gobierno de Trump en forma de una orden de restricción temporal, una herramienta a corto plazo que normalmente no es apelable, a diferencia de un mandato judicial preliminar más duradero.
Sin embargo, a veces los tribunales tratan las órdenes de restricción temporal consecuentes como mandamientos judiciales y permiten apelarlas de todos modos. Si el Noveno Circuito rechaza la apelación, el poder ejecutivo podría interponer una apelación de emergencia ante la Corte Suprema —instancia en la que los jueces designados por los republicanos tienen una mayoría de seis a tres— para bloquear la decisión del juez.
El juez Breyer, quien fue propuesto por el presidente Bill Clinton en 1997, había manifestado su interés por la legalidad de la convocatoria de la Guardia Nacional por parte de Trump en una audiencia celebrada el jueves.
El estatuto que el presidente Trump citó como autoridad para su medida dice que esas órdenes deben pasar “a través” de los gobernadores. Pero Hegseth envió la orden al general que supervisa la Guardia Nacional, pasando por alto al gobernador Newsom.
En la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, argumentó que Hegseth había cumplido el estatuto de llamada a filas de la Guardia Nacional. Pero incluso si no lo hubiera hecho, dijo Shumate, Trump tenía autoridad legal para ordenar a la Guardia Nacional que entrara en servicio federal.
Luciendo una corbata azul claro, el juez Breyer interrumpió repetidamente al abogado del Departamento de Justicia y, en un momento dado, agitó en el aire un pequeño ejemplar de la Constitución. Algunas de sus réplicas provocaron las risas de los más de 100 asistentes que abarrotaban el juzgado.
Sin embargo, su sentencia fue mordaz.
El estado de California “y los ciudadanos de Los Ángeles se enfrentan a un daño mayor por la continua militarización ilegal de su ciudad, que no solo aviva las tensiones con los manifestantes, amenazando con un aumento de las hostilidades y la pérdida de vidas, sino que priva al estado durante dos meses de su propio uso de miles de miembros de la Guardia Nacional para luchar contra los incendios, combatir el tráfico de fentanilo y realizar otras funciones críticas”, escribió.
Ningún presidente ha desplegado soldados bajo control federal a pesar de las objeciones del gobernador de un estado desde la época de las protestas por los derechos civiles, cuando los gobernadores del sur se resistían a la desegregación ordenada por los tribunales.
Desde su federalización y despliegue, algunos soldados de la Guardia Nacional han acompañado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en redadas, mientras que otros han permanecido principalmente ante edificios federales en el centro de Los Ángeles durante las protestas.
El enfrentamiento legal se produce en medio de una escalada de tensiones políticas entre el gobierno de Trump y el gobernador de California. Después de que el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, amenazara con arrestar a Newsom, Trump respaldó la idea el lunes, diciendo: “Yo lo haría”. El martes, Newsom dijo en un discurso televisado que “la democracia está bajo ataque ante nuestros ojos”.
Tras la sentencia, Newsom reprendió enérgicamente las tácticas que los agentes del ICE han empleado para detener y deportar a migrantes indocumentados, describiendo conversaciones con niños que habían sido separados de sus padres y familiares cuyos parientes habían desaparecido repentinamente sin dejar rastro.
“Ese es el Estados Unidos de Donald Trump”, dijo, calificándola de “crueldad indiscriminada”.
